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Una de cal y otra de arena. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio ayer el visto bueno para acelerar y mejorar la rebaja de las retenciones en el IRPF para los autónomos y profesionales en la reforma fiscal que actualmente se tramita en el Senado, pero a cambio suprimirá la deducción del 20% que actualmente tienen los autónomos por la contratación de un trabajador.

La rebaja de las retenciones se realizará bien a través de las enmiendas del Grupo Popular en la Cámara Alta, o bien a través de transaccionales con las enmiendas de otros grupos, fundamentalmente de Convergencia i Unió. En principio, la propuesta sobre la que trabajaba el Ejecutivo era pasar del 21% de retención actual a un 19% en 2015 y al 18% en 2016, es decir, un punto más de rebaja con respecto al proyecto que envió el Gobierno al Parlamento.

Sin embargo, durante las negociaciones que se mantenían todavía ayer, se considera muy factible que el Ministerio de Hacienda avanzara aún más en la rebaja y admitiera una retención de sólo el 15% en el IRPF para todo el colectivo de autónomos y no únicamente para quienes facturen por debajo de 12.000 euros anuales, como figura en el texto aprobado en el Congreso de los Diputados.

Uno de los argumentos que avalaban el incremento de la rebaja de las retenciones, en línea con las demandas de las organizaciones representantivas del trabajo autónomo, es el hecho de que la rebaja de las retenciones a cuenta no produciría, en principio, una reducción de los ingresos fiscales.

Suprimirá los coeficientes de abatimiento

Por otra parte, y también dentro de las enmiendas en el Senado, el Ministerio de Hacienda prevé suprimir los coeficientes de abatimiento en la tributación de las plusvalías obtenidas por las ventas de pisos, pero no los de corrección de la inflación como estaban demandando el resto de los grupos parlamentarios e, incluso, destacados dirigentes del Partido Popular. Finalmente, suavizará el castigo fiscal a las viviendas compradas antes de 1995 que se vendan por menos de 400.000 euros. 

Las organizaciones del sector inmobiliario, así como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González han manifestado en las últimas semanas su rechazo a esta medida por considerar que supondría un auténtico "hachazo fiscal" a los afectados.

Los coeficientes de corrección de la inflación, que se actualizan anualmente en los Presupuestos del Estado y que tratan de restar a las plusvalías el efecto de la subida anual de los precios, afectarían a todas las ventas de pisos con ganancias.

Con la posibilidad abierta de mantener los coeficientes de corrección se trataría de eliminar los efectos de inequidad para aquellos que compraron su vivienda desde 1995 y que no se beneficiaban de los coeficientes de abatimiento, pero al mismo tiempo mantener una minoración de las plusvalías teniendo en cuenta el aumento del coste de la vida.

 

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